La participación comunitaria es clave para la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos. (Fuente: Agencia Andina)

El acceso a la energía eléctrica es un derecho fundamental que impulsa el desarrollo social, económico y ambiental de las comunidades. Sin embargo, en el Perú, existen miles de familias de zonas rurales, alejadas y de difícil acceso que aún viven sin este recurso esencial, enfrentando limitaciones que afectan su calidad de vida y sus oportunidades de progreso.

Cerrar esta brecha no es solo una cuestión técnica, sino también un desafío ético y social. En este contexto, la planificación estratégica se presenta como una herramienta clave para abordar estas desigualdades de manera eficiente y sostenible, asegurando que cada acción responda a las necesidades específicas de las comunidades y contribuya al bienestar colectivo.

El primer paso en cualquier planificación estratégica es comenzar con un análisis integral y participativo. Este enfoque permite identificar las necesidades concretas, evaluar las condiciones actuales y establecer prioridades claras para la intervención. Lo más valioso de este proceso es la inclusión de actores locales, ya que su participación asegura que las soluciones propuestas sean representativas, factibles y sostenibles en el tiempo. Además, este diálogo fomenta el compromiso comunitario, indispensable para el éxito de los proyectos.

Para cerrar las brechas de acceso a la electricidad, es necesario priorizar las inversiones de manera estratégica. En contextos rurales, donde las comunidades están alejadas de las redes eléctricas, las soluciones descentralizadas como sistemas solares fotovoltaicos o mini redes híbridas han demostrado ser alternativas viables y sostenibles. Estas tecnologías no solo garantizan un suministro constante de energía, sino que también promueven el uso de fuentes renovables, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, la electrificación no debe limitarse al ámbito doméstico. Es fundamental que las iniciativas energéticas también impulsen actividades productivas que generen ingresos y promuevan el desarrollo económico local.

Por último, la planificación estratégica no termina con la implementación de los proyectos; más bien, es el inicio de un proceso continuo de aprendizaje y mejora. El monitoreo constante y la evaluación permiten medir el impacto real de las acciones realizadas, identificar áreas de mejora y garantizar que las comunidades beneficiadas puedan aprovechar al máximo los recursos energéticos. Este enfoque dinámico y adaptativo no solo asegura que cada inversión tenga el impacto deseado, sino que permite ajustar las estrategias según las necesidades cambiantes de las comunidades.

De esta forma, se fortalece el compromiso con la eficiencia, la equidad y el desarrollo sostenible a largo plazo, asegurando que el acceso a la energía eléctrica sea un verdadero motor de transformación y bienestar.