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Hacia el diálogo intercultural: Caso de la Comunidad Nativa Tagkegip
En abril de 2005, la noticia de la muerte de cuatro profesionales de la salud, asesinados por nativos de la comunidad nativa Awajún llenaba los titulares de periódicos nacionales e internacionales. Danny Nugkuag trae el caso para reflexionar.
Escribe: <a href="https://www.solidaritasperu.com/author/danny-nugkuag/" target="_self">Danny Nugkuag Cabrera</a>

Escribe: Danny Nugkuag Cabrera

Profesional de Derecho y Ciencias Políticas, especialista del Ministerio de Cultura. Cuenta con experiencia en el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo. Ha formado parte de diversas organizaciones indígenas amazónicas.
20 de mayo de 2025
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La cobertura de salud en zonas indígenas no debe centrarse solo en el cumplimiento de metas numéricas, sino en la aceptación y confianza de las comunidades. (Fuente: Plataforma del Estado Peruano)

Según la Base de Datos de Pueblos Indígenas (BDPI) del Perú, la comunidad nativa Tagkegip de la etnia awajún, se encuentra en el distrito de El Cenepa (provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas), tal como lo indica la Resolución de Reconocimiento esta localidad; sin embargo, según los datos de georreferenciación, esta se ubica más bien en el límite con el distrito de Imaza (provincia de Bagua, departamento de Amazonas).

A mediados de abril del año 2005, un médico, un obstetra, un enfermero y una auxiliar de enfermería, quienes conformaban una brigada de élite del Ministerio de Salud, llegaron a la comunidad nativa Tagkegip luego de un primer trayecto vía fluvial y una larga caminata de más de 5 horas, para cumplir con un programa regular de vacunación y chequeo estacional.

La última comunicación que mantuvo la brigada fue el 20 de abril, lo que preocupó a los responsables, quienes dieron parte a la Policía Nacional del Perú y, con apoyo del Ejército del Perú y la Fuerza Aérea, partieron al lugar de la última comunicación. Luego de varias indagaciones con apoyo de los locales, dos semanas después encontraron los cuerpos de los desaparecidos con indicios de disparos y golpes.

De acuerdo con las investigaciones, los asesinatos se habrían producido debido a que algunas mujeres se habían quejado con sus esposos sobre que, al parecer, los miembros del equipo del Ministerio de Salud las habrían forzado a desnudarse para ser evaluadas, sumándose a ello que algunos niños fueron vacunados en contra de la voluntad de sus madres. Tras estas quejas con sus esposos, algunos de los cuales estaban en estado de ebriedad producto del masato (bebida local fermentada de yuca), y al percibir que su mujer habría sido maltratada y tocada indecorosamente, actuaron furibundamente disparando a uno de los médicos para luego, con ayuda de otras personas, ultimar a los otros miembros de la brigada.

La situación no terminó ahí, la prensa levantó la noticia y algunos medios deslizaron la hipótesis que aquella zona era productora de amapola y los indígenas habrían creído que un miembro de la brigada de salud formaba parte del servicio de inteligencia que ingresó para comprobar ese tema y los locales, al darse cuenta, habrían actuado violentamente.

Esta forma de manejar la noticia enfureció mucho a los pobladores, quienes, en signo de protesta, tomaron como rehenes a un periodista y a su guía para exigir un desagravio por haber sido expuestos ante la opinión pública como delincuentes al servicio del narcotráfico; sin embargo, al final fueron liberados.

Esta situación expone la realidad de los pueblos olvidados de la selva. Por un lado, el desconocimiento territorial que hasta ahora persiste y se evidencia en los datos registrados en la BDPI; así como también el probable precario entendimiento de las relaciones familiares, roles de género y el pudor e intimidad de la mujer indígena.

El caso de la comunidad nativa Tagkegip nos interpela sobre la necesidad de una política de salud intercultural que busque la entrega de un servicio de salud de acuerdo con los parámetros culturales de los usuarios; es decir, construidos a través de espacios de diálogo, en los que prestadores y usuarios acuerden cuáles deben ser las características de los servicios que les son ofertados por parte del Estado, muy lejos de las maratónicas jornadas de cumplimiento de metas o coberturas que se miden cuantitativamente.

Ninguna pérdida humana se debe justificar y, al contrario, debemos exigir que la justicia haga su trabajo; sin embargo, este caso debe hacernos reflexionar sobre la existencia de diferentes rostros, culturas y formas de vida que coexisten en nuestro país y la urgente necesidad de una política pública intercultural.

Las opiniones difundidas en este espacio son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, la línea editorial de la Revista Gobernanza Social.

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