Los mecanismos de participación permiten a las comunidades expresar sus preocupaciones y aportar en la toma de decisiones. (Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos)

La participación ciudadana se ha convertido en un eje fundamental para la gobernanza democrática y el desarrollo sostenible, especialmente en sectores estratégicos como la minería, los hidrocarburos y la electricidad en el Perú. Estos sectores tienen un impacto significativo en el ambiente, las economías locales y la calidad de vida de las comunidades cercanas a los proyectos extractivos. En este contexto, la participación ciudadana no solo permite a los ciudadanos ejercer su derecho a ser informados y a opinar, sino que también contribuye a prevenir conflictos sociales, promover la transparencia y garantizar que las actividades productivas se realicen con responsabilidad social y ambiental. En este artículo le daremos un recorrido al contenido básico concerniente a esta temática.

En el Perú, la participación ciudadana en los sectores extractivos está regulada por diversas normativas. La Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), establece la obligación de realizar procesos de participación ciudadana en la evaluación de estudios ambientales.

Asimismo, existen reglamentos específicos para cada sector:

• Minería: El Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (D.S. N.º 028-2008-EM) establece mecanismos como talleres participativos, audiencias públicas y la elaboración de registros de participación.
• Hidrocarburos: El Reglamento de Participación Ciudadana para las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N.º 002-2019-EM) contempla procedimientos similares, con énfasis en la consulta a comunidades del área de influencia de los lotes petroleros para operaciones onshore y offshore.
• Electricidad: El Reglamento de Protección Ambiental en Actividades Eléctricas (D.S. N.º 016-2023-EM) también incluye disposiciones sobre la participación de la ciudadanía en la evaluación de impactos ambientales.

Además, es válido mencionar a la Ley de Consulta Previa (Ley Nº 29785) que, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT, establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de la implementación de proyectos que puedan afectar sus derechos colectivos.

Habiendo tomado conocimiento del marco legal que cimenta estos procesos, ahora toca mencionar los mecanismos para el desarrollo de esta participación. Cabe destacar que los mecanismos de participación ciudadana varían según la etapa del proyecto y la normativa sectorial. Entre los más comunes se encuentran:

• Acceso a la información: Las empresas están obligadas a difundir información clara y comprensible sobre sus proyectos, especialmente sobre los posibles impactos ambientales y sociales.
• Talleres informativos y audiencias públicas: Estos espacios permiten a los ciudadanos expresar sus opiniones, preocupaciones y sugerencias.
• Registros y actas de participación: Se documentan las observaciones y aportes de la ciudadanía, lo que permite su consideración en el proceso de toma de decisiones.
• Consulta previa: En el caso de pueblos indígenas, se debe realizar un proceso de diálogo intercultural para alcanzar acuerdos o consentimientos sobre la realización del proyecto.

En los últimos años, el Perú ha logrado avances significativos en institucionalizar la participación ciudadana. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), promueve la implementación de estos procesos como parte integral de la gestión ambiental; sin embargo, persisten desafíos importantes, tales como:

• Calidad y oportunidad de la información: Muchas veces la información proporcionada por las empresas es técnica y difícil de entender para las comunidades.
• Desconfianza en las instituciones: La percepción de falta de imparcialidad o de favoritismo hacia las empresas reduce la efectividad de los procesos participativos.
• Inclusión efectiva: Eocasiones, mujeres, jóvenes y grupos vulnerables no participan activamente debido a barreras culturales o logísticas.
• Implementación de acuerdos: Existen casos en los que las observaciones ciudadanas no son debidamente consideradas en la decisión final, lo que genera frustración y desconfianza.

Como se puede observar, existe una variedad de mecanismos a aplicarse, mecanismos que deberían ayudar a brindar suficiente información a las poblaciones de las áreas de influencia directa (e indirecta) de los proyectos, pero que lastimosamente, en la práctica, suelen ser usados para mero cumplimiento normativo, hecho que no genera el impacto que se busca.

En cuanto a la buena o mala aplicación de estos mecanismos, a nivel nacional contamos con una variedad de ejemplos bastante interesantes de mencionar. Uno relevante en el sector minero es el proyecto Tía María en Arequipa, donde la falta de aceptación social a pesar del cumplimiento formal de los procesos participativos generó conflictos prolongados y la suspensión del proyecto. En contraste, existen experiencias positivas como las del proyecto Antamina, que ha desarrollado mecanismos de diálogo permanente con las comunidades del área de influencia o Quellaveco que, mediante una mesa de diálogo en un primer momento y una mesa de trabajo luego de consensuar compromisos, ha generado una dinámica dialogante e informativa continua, propiciando una convivencia armoniosa entre la actividad y las comunidades.

En el sector hidrocarburos, el Lote 192 en Loreto ha sido escenario de procesos de consulta previa con comunidades indígenas en los cuales se ha logrado acuerdos importantes, aunque también se evidencian limitaciones en la implementación de los compromisos asumidos. En este sector, el último proceso de participación ciudadana realizado en la selva ha sido el del Lote 8 con la presentación de la empresa que operará dicho lote por los próximos 4 años. Cabe mencionar que este año se llevaran estos procesos en el norte del país con la fase III (luego de la suscripción del contrato) en los lotes I, VI y Z-69 y la fase I (previo al inicio del proceso de negociación o concurso) con los lotes 206 (anteriormente lotes II y XV) y 207 (anteriormente lote XIII-A).

En el sector eléctrico, los proyectos de transmisión y generación enfrentan retos similares, especialmente cuando atraviesan territorios de comunidades indígenas o áreas protegidas. La adecuada implementación de procesos participativos ha sido clave para la viabilidad de estos proyectos.

Para mejorar la eficacia y legitimidad de la participación ciudadana en los sectores extractivos, es necesario:

• Fortalecer las capacidades de los actores involucrados, tanto del Estado como de la sociedad civil, para facilitar procesos informados y equilibrados.
• Garantizar la transparencia y el acceso oportuno a información relevante.
• Promover la participación inclusiva, con especial atención a grupos históricamente marginados.
• Establecer mecanismos claros de seguimiento y rendición de cuentas sobre los acuerdos alcanzados en los procesos participativos.
• Fomentar el diálogo temprano, antes de la presentación de los estudios de impacto ambiental, para identificar preocupaciones y alternativas desde el inicio.

Como hemos podido ver, la participación ciudadana en los sectores extractivos, sectores estratégicos del Perú, no solo es un requisito legal, sino una herramienta clave para construir confianza, prevenir conflictos y promover un desarrollo sostenible. A pesar de los avances normativos, su efectividad depende en gran medida de la voluntad política, la calidad del diálogo y la capacidad de las instituciones para garantizar que las voces de la ciudadanía sean escuchadas y tomadas en cuenta. Solo así será posible avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo, inclusivo y respetuoso de las apreciaciones de la población y del ambiente. Hay, hermanos, muchísimo por hacer.