En el contexto de la actividad extractiva, especialmente la minería, la gestión social ha adquirido un papel crucial en la relación entre empresas, comunidades y Estado. Uno de los mecanismos más visibles de esta relación son las compras y servicios locales, que buscan generar beneficios económicos directos para las poblaciones de las áreas de influencia de las operaciones. Sin embargo, en la práctica, estos mecanismos enfrentan limitaciones estructurales, técnicas y sociales que restringen su verdadero impacto en el desarrollo sostenible local.

La contratación de compras y servicios locales son estrategias impulsadas por las empresas extractivas para promover la participación de proveedores y emprendedores de las zonas en donde operan. En teoría, se trata de una forma de redistribuir parte de los beneficios de la actividad extractiva hacia las comunidades locales, fortaleciendo su economía y creando una base de empleo y emprendimiento.

En Perú, esta práctica se ha extendido en los últimos años, en parte debido a los compromisos asumidos por las empresas dentro de los convenios marco y los programas de responsabilidad social empresarial. Ejemplos de ello se pueden encontrar en localidades como Espinar (Cusco), San Marcos (Áncash), y en distritos mineros del sur andino como Ajoyani y Antauta (Puno) o Moquegua. A través de estos convenios, las mineras se comprometen a priorizar la contratación de bienes, servicios y mano de obra local, así como a capacitar a los proveedores locales para cumplir con los estándares técnicos y administrativos exigidos por la operación.

A pesar de su valor conceptual, las compras y servicios locales enfrentan varios límites que reducen su efectividad como herramienta de desarrollo, entre estos podemos mencionar los siguientes:

Limitaciones estructurales

En primer lugar, muchas comunidades carecen de la infraestructura y capacidades técnicas necesarias para atender los requerimientos de una empresa extractiva. Las operaciones extractivas demandan insumos de alta calidad, cumplimiento de plazos estrictos, normas de seguridad industrial y certificaciones técnicas que suelen estar fuera del alcance de los pequeños proveedores rurales. Este desajuste genera una brecha entre la oferta local y la demanda empresarial, que no puede resolverse únicamente con voluntad política o compromiso social.

Dependencia económica y distorsión del mercado local

Otro problema frecuente es la dependencia económica que se genera en torno a la empresa extractiva. Cuando la economía local se orienta casi exclusivamente a satisfacer la demanda de la compañía, se crea una estructura productiva frágil que no puede sostenerse si la empresa reduce operaciones o concluye su ciclo productivo. Este fenómeno se observa, por ejemplo, en algunas comunidades de Cajamarca o Moquegua, donde la reducción de operaciones mineras ha tenido efectos inmediatos sobre los ingresos y la estabilidad de los negocios locales.

Expectativas sociales y conflictos

En el plano social, las compras y servicios locales también pueden convertirse en fuente de conflicto. Las comunidades suelen percibir estos compromisos como una obligación moral o compensatoria de la empresa, lo que genera expectativas sobredimensionadas sobre los beneficios económicos. En contextos donde no existen reglas claras o mecanismos de seguimiento, surgen disputas entre asociaciones de proveedores, líderes comunales y autoridades locales sobre quién debe ser beneficiado y bajo qué criterios.

Falta de sostenibilidad

Finalmente, muchos programas de compras locales no están articulados con una visión de desarrollo territorial. Se privilegia el corto plazo —cumplir compromisos o reducir tensiones sociales— antes que construir una economía diversificada y sostenible. Una vez que la empresa termina sus operaciones o modifica su política de adquisiciones, los emprendimientos locales que dependían de ella quedan sin mercado y se desintegran.

Experiencias en Perú: luces y sombras

El Convenio Marco de Espinar (Cusco) es uno de los casos más conocidos de articulación entre empresa minera, gobierno local y comunidades. Este convenio destina un porcentaje de las utilidades de la empresa minera a proyectos de desarrollo, incluyendo el fortalecimiento de capacidades empresariales locales. Si bien ha permitido financiar obras e impulsar cooperativas locales, también ha sido escenario de tensiones y disputas sobre la gestión de los recursos y la representatividad de los beneficiarios.

Otro ejemplo es el caso de Antamina, que ha implementado un programa de desarrollo de proveedores locales en Áncash. A través de este programa, se capacita a empresarios de la zona en gestión empresarial, calidad de servicio y cumplimiento de normas. No obstante, la sostenibilidad de estas iniciativas depende de que los proveedores logren diversificar su cartera de clientes más allá de la minera.

En el sur andino, empresas como Minsur también han desarrollado mecanismos de promoción de proveedores locales, especialmente en los distritos de Antauta y Ajoyani. Sin embargo, las dificultades logísticas, la baja densidad empresarial y turística, así como la excesiva dependencia de estos negocios hacia la empresa minera limitan la expansión de estas iniciativas. A pesar de los esfuerzos por crear cadenas de valor locales, el impacto económico se mantiene restringido y depende en gran medida del acompañamiento continuo de la empresa.

Es por ello que, para superar estos límites, es necesario reorientar la gestión social hacia una estrategia integral de desarrollo económico local, en la que las compras y servicios locales sean un componente, pero no el único eje. A continuación, se proponen algunas líneas de acción:

Fortalecimiento institucional local

Los gobiernos locales deben asumir un rol más activo en la promoción y regulación del mercado local de proveedores. Esto implica crear registros transparentes de emprendedores, facilitar la formalización y promover espacios de concertación empresarial. Las mineras, por su parte, pueden apoyar técnicamente este proceso, pero sin sustituir el liderazgo institucional del Estado.

Formación técnica y empresarial

Es fundamental invertir en capacitación técnica, gestión empresarial y educación financiera. Las universidades regionales, institutos técnicos y programas de desarrollo productivo deberían articularse con las empresas para crear centros de innovación y aprendizaje que respondan a las necesidades reales del territorio.

Diversificación económica

Una gestión social responsable no puede limitarse al circuito minero. Debe fomentar la diversificación de la economía local, apoyando sectores como la agricultura, turismo, ganadería o manufactura ligera. Ello reduce la dependencia y fortalece la resiliencia económica frente a los ciclos del “mercado extractivo”.

Mecanismos de monitoreo y transparencia

La creación de observatorios locales de compras y servicios podría ser una herramienta clave para garantizar la transparencia y el seguimiento de los compromisos. Estos observatorios —con participación de la sociedad civil, el Estado y la empresa— permitirían monitorear el cumplimiento de metas, evitar favoritismos y promover la competencia justa.

Enfoque territorial y sostenibilidad

Las compras y servicios locales deben enmarcarse dentro de una visión territorial de desarrollo que considere las capacidades, recursos y vocaciones productivas de cada zona. No todas las comunidades pueden ni deben convertirse en proveedoras de empresas extractivas, el desafío está en identificar los nichos sostenibles donde puedan competir y prosperar.

La gestión social en el sector extractivo peruano ha evolucionado desde un enfoque asistencial hacia una búsqueda más estructurada de inclusión económica. Sin embargo, los límites de las compras y servicios locales revelan que, sin un acompañamiento institucional, técnico y de largo plazo, estas estrategias pueden convertirse en paliativos temporales más que en motores de desarrollo, no habiendo gran diferencia entre seguir implementando acciones filantrópicas u optar por un verdadero desarrollo sostenible.

El reto es pasar de la lógica de la compensación a la lógica de la cocreación de valor territorial, donde empresa, comunidad y Estado compartan una agenda común. Ello requiere reconocer que la actividad extractiva, por su naturaleza finita, debe ser un medio para fortalecer la base económica y productiva de las áreas de influencia, y no un fin en sí misma.

Solo cuando las compras locales se integren en una estrategia más amplia de desarrollo territorial sostenible, dejarán de ser una política de corto alcance y se convertirán en un verdadero legado de la gestión social en el Perú. El futuro dependerá de lo que hagamos en el presente.