Con la promulgación de la Ley N° 32396 el pasado 1 de julio de 2025, el Perú modifica artículos de la Ley General del Voluntariado y la Ley Universitaria, permitiendo, por primera vez, convalidar el servicio social con créditos académicos en el pregrado universitario, además de otorgar nuevos beneficios a los voluntarios.

Beneficios académicos y profesionales

Una de las mayores novedades de esta modificación es el reconocimiento oficial de las horas de servicio para la obtención de puntaje adicional en becas administradas por PRONABEC y para la acreditación de créditos académicos electivos en el pregrado universitario, con un límite de convalidación de tres créditos.

Para acceder a estos beneficios, la ley establece que los voluntarios deben estar inscritos y activos en el Registro Nacional de Voluntariado, administrado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). En ambos casos se requiere acreditar un mínimo de cien jornadas en un periodo máximo de dos años.

Es fundamental señalar que la inscripción individual en este registro se realiza de manera virtual a través del MIMP. Para ello, el solicitante debe presentar una constancia de haber realizado al menos dos jornadas de voluntariado, expedida por una organización que también se encuentre debidamente inscrita en dicho sistema.

Reglamento en proceso de consulta

El pasado 10 de enero, mediante la Resolución Ministerial N° 015-2026-MIMP, se publicó el proyecto de reglamento de esta ley con el objetivo de recabar opiniones y sugerencias de la sociedad civil y entidades interesadas. Este documento no solo reafirma los requisitos de jornadas y registro, sino que expande el abanico de beneficios hacia el sector vivienda.

Una de las adiciones más destacadas es la posibilidad de acceder a puntaje adicional en programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Este beneficio estaría dirigido a voluntarios que acrediten más de 180 jornadas, facilitando el acceso a viviendas de interés social.

Aunque este reglamento aún se encuentra en etapa de consulta, su futura oficialización marcará un hito: el voluntariado dejará de verse únicamente como una labor no remunerada para ser reconocido como un parte importante del desarrollo personal y ciudadano, ofreciendo incentivos que impactan directamente en el proyecto de vida de los jóvenes.

Riesgos y desafíos

Como se ha visto, esta modificación en la legislación se presenta como una gran oportunidad tanto para organizaciones como para voluntarios. Por un lado, puede generar mayor interés en realizar jornadas de voluntariado, lo que beneficiaría a organizaciones con recursos limitados para poder concretar proyectos que necesitan bastantes recursos humanos; mientras que los voluntarios interesados podrán verse recompensados tangiblemente con los beneficios antes mencionados.

Sin embargo, puede que no todo sea positivo. Por convención general, siempre se ha entendido al voluntariado como una serie de actividades altruistas realizadas con el único fin de apoyar iniciativas o causas que generen impacto social o ambiental, por lo que retribuirlo de estas maneras, puede traer grupos de personas poco comprometidas con estas causas, que más allá de ser un apoyo, puedan ser un obstáculo para cumplir los objetivos de las organizaciones.

De otro lado, una práctica muy común de muchas empresas y organizaciones, son las prácticas no remuneradas (ad honorem) que son publicitadas como voluntariados, cuando las labores y carga horaria son muy similares o encajarían dentro de lo que deberían ser consideradas como prácticas preprofesionales. En este sentido, el respaldo legal para obtener créditos universitarios electivos a través de la convalidación de horas de voluntariado puede convertirse en la excusa perfecta para institucionalizar este tipo de prácticas.

Oportunidad y compromiso

A pesar de los riesgos mencionados, la Ley N° 32396 representa una oportunidad clara tanto para las organizaciones como para los jóvenes. Lo ideal es que siempre prime la buena voluntad para impactar de manera positiva y con compromiso, viendo estos beneficios como un valor agregado que resulta de acciones realizadas por iniciativa propia.

A corto plazo, queda esperar la publicación final del reglamento. Mientras tanto, se recomienda a las organizaciones y voluntarios ir regularizando su estatus en el Registro Nacional de Voluntariado, a fin de que, una vez que el aspecto legal esté definido, no existan demoras en los procesos que beneficiarán, finalmente, a las iniciativas sociales y/o ambientales promovidas.