América Latina es una tierra de contrastes. Por un lado, alberga los bosques más importantes del planeta, fuentes de agua que sostienen la vida y una biodiversidad invaluable custodiada por los pueblos indígenas; por otro lado, en esos mismos territorios, las comunidades que han protegido esta herencia por siglos continúan enfrentando carencias básicas, falta de oportunidades y brechas sociales no superadas.

No basta con otorgar a los pueblos indígenas el rimbombante título de guardianes de la diversidad mundial, pues es urgente reconocer su papel, garantizar sus derechos y asegurar que la prosperidad que generan los bosques y su diversidad también se refleje en el bienestar de quienes los habitan. Ya no solo es justicia social, es sostenibilidad del planeta.

Todos los días somos testigos del avance de las economías ilegales en la Amazonía y de su voraz sistema que corrompe principios, arrebata el futuro de jóvenes sin esperanza y canjea el hambre por dinero fácil. Frente a esta amenaza, todavía se pretende que los guardianes de la biodiversidad (las comunidades amazónicas) continúen ejerciendo un voluntariado eterno para garantizar nuestra subsistencia como especie. Es momento de cambiar esta narrativa, reconocer su papel, garantizar sus derechos y generar alternativas económicas sostenibles que valoren su contribución a la vida del planeta.

La protección de la Amazonía no puede seguir siendo el sacrificio solitario de unos pocos en beneficio de todos, debe convertirse en una causa compartida donde gobiernos, empresas y ciudadanía asuman la responsabilidad de que la prosperidad del bosque se traduzca en bienestar real para quienes lo habitan y lo han cuidado por generaciones.

A puertas de la COP30 sobre Cambio Climático que se celebrará en Belém (Brasil) en noviembre de este año, resulta imperativo que este espacio de discusión global garantice compromisos firmes y fondos suficientes para la urgente restauración de los bosques amazónicos, ya que no podemos permitir que la Amazonía siga siendo escenario de promesas incumplidas. La responsabilidad de los Estados y de la comunidad internacional no solo debe limitarse a conservar la biodiversidad, debe asegurar también el cierre de brechas sociales históricas y el impulso al desarrollo económico y humano de las poblaciones que la habitan.

La discusión sobre la Amazonía ya no admite más discursos vacíos. Este debe ser un espacio donde los líderes mundiales asuman decisiones concretas, realistas y vinculantes que reconozcan que la protección de los bosques y la justicia social en estos territorios son condiciones indispensables para enfrentar la crisis climática global.

Por lo tanto, la verdadera sostenibilidad de cualquier proyecto en favor de la Amazonía que nazca en el seno de la discusión sobre cambio climático no puede entenderse sin la voz, el involucramiento y el desarrollo pleno de los pueblos que habitan sus territorios, pues ellos no son beneficiarios pasivos, sino actores centrales cuya participación define el éxito o el fracaso de cada compromiso asumido frente a este problema global.

No podemos seguir tolerando la contradicción de territorios con abundancia de recursos naturales conviviendo con la pobreza de sus poblaciones. La agenda climática debe traducirse en justicia social, porque no habrá transición verde legítima si no se garantiza un futuro digno para quienes resguardan los ecosistemas. Aquí no caben medias tintas: avanzamos y salimos todos.