Construyendo caminos hacia una educación inclusiva en base a desafíos y compromisos pendientes. (Foto: Agencia Andina)
El Ministerio de Educación explica que entre 1993 y el 2000 se inició el desarrollo del Proyecto de Integración de niños con necesidades educativas especiales a las escuelas regulares, gracias a la asistencia de la UNESCO, lo que daría paso a la Educación Básica Especial y Educación Inclusiva como la conocemos a día de hoy.
Actualmente, la Educación Inclusiva se encuentra avalada principalmente por el artículo 35 de la Ley No. 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que indica que toda persona con discapacidad tiene el mismo derecho a la educación que el resto, por lo que se le debe brindar en toda institución pública o privada sin distinción, siendo esto supervisado por el Ministerio de Educación. A esto se suma el derecho a la educación, reconocido por la Constitución Política del Perú en su artículo 16, que expresa lo mismo.
Según datos presentados por UNICEF, sólo el 40% de estudiantes con discapacidad culminan la primaria, por lo que el porcentaje de los que aprenden a escribir, leer o tienen acceso a educación superior es tremendamente menor, por ende, esta institución desde 2019 inició el acompañamiento a colegios de Lima y de Ucayali para fomentar y concientizar sobre el derecho de todos a la educación, sin ninguna distinción.
Sin embargo, es claro que esto no es responsabilidad de UNICEF, sino del propio Estado, por lo que es importante tener en cuenta qué tanto ha avanzado, a parte del hecho de haber propiciado el marco legal que se ha revisado previamente. Teniendo en cuenta que la Ley No. 29973 se promulgó en 2012, y contrastando con los datos de UNICEF, es evidente que el Estado no ha logrado muchos avances en esta materia.
Para iniciar con acciones mucho más consistentes, es imprescindible sensibilizar a toda la comunidad educativa y sociedad en general, pues las personas con discapacidad merecen igualdad de trato y, por tanto, derecho a una educación sin que sea excluida por el desconocimiento de las personas que son directamente responsables de ofrecerles una enseñanza de calidad.
En tal sentido, el presupuesto que se necesita para cubrir los gastos que genera esta capacitación, además de la mejora en la infraestructura y accesibilidad específicamente en colegios de zonas rurales tiene que ser aumentado y usado de manera eficiente y transparente, para así dar una mayor importancia a un sector de la población que ha sido históricamente excluido.
