En la carrera global por la descarbonización, el hidrógeno verde (H2V) se ha posicionado como un vector energético clave para el futuro. Sin embargo, esta promesa no está exenta de desafíos. El Innovation Insights Briefing «Hidrógeno en el Horizonte: ¿En sus marcas, listos, fuera?», publicado en 2021 por el World Energy Council en colaboración con EPRI y PwC, es claro al advertir que el hidrógeno bajo en carbono «actualmente no es competitivo en costos con otros suministros de energía» y probablemente «siga siéndolo sin un apoyo significativo».

En este complejo escenario de alta promesa y alto costo, el Perú ha decidido formalizar su apuesta. El 23 de marzo de 2024, se marcó un hito con la promulgación de la Ley No. 31992, Ley de Fomento del Hidrógeno Verde. Esta norma, en su artículo 1, establece como objeto fomentar toda la cadena de valor, desde la producción hasta la exportación, con el fin de «reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)». Este impulso inicial se ha visto reforzado recientemente con la publicación del proyecto de “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley No. 31992”, dado a conocer el 02 de octubre de 2025 mediante la Resolución Ministerial No. 314-2025-MINEM/DM.

Con este andamiaje legal que declara el H2V de «interés nacional» y lo define estrictamente como aquel obtenido de «recursos energéticos renovables», el Perú tiene un punto de partida. No obstante, la existencia de la norma es solo el disparo de salida, la viabilidad real del H2V en el país dependerá de la capacidad del Estado y del sector privado para resolver tres dilemas críticos, la urgente brecha de costos, la gestión de los riesgos socioambientales y la definición de una estrategia nacional. En ese sentido, ¿seremos exportadores de un commodity o desarrolladores de una nueva industria verde de valor agregado?

¿Cómo cerrar la brecha?

La barrera más formidable para el H2V no es tecnológica, sino económica. En el artículo «Techno-Economic Analysis of Hydrogen Production: Costs, Policies, and Scalability in the Transition to Net-Zero», publicado en 2025, el investigador Eliseo Curcio establece una línea de base clara, mientras el hidrógeno gris (producido con combustibles fósiles) cuesta entre $1.50 y $2.50 por kilo, el costo actual del hidrógeno verde se sitúa entre $3.50 y $6.00 por kilo.

Esta brecha de precios es el principal obstáculo para su adopción masiva. El mismo Curcio examina el impacto de la Inflation Reduction Act (IRA) de Estados Unidos, identificándola como un cambio de paradigma. Esta ley, que proporciona un subsidio de hasta $3.00/kg, demuestra por qué el apoyo estatal es crucial y sin él, la mayoría de los proyectos de H2V simplemente no alcanzan un Valor Presente Neto (VPN) positivo o Tasas Internas de Retorno (TIR) que justifiquen la inversión.

El legislador peruano parece haber tomado nota de esta realidad. La Ley No. 31992 no es ingenua y contempla, en el literal ‘e’ del artículo 4.2, la necesidad de garantizar el «otorgamiento de beneficios económicos y tributarios» para toda la cadena de valor. Este es, quizás, el punto más crítico de la futura reglamentación. Sin un mecanismo fiscal audaz —similar al de la IRA estadounidense— que «cierre la brecha de precios», la ley corre el riesgo de ser un catálogo de buenas intenciones sin proyectos viables que la secunden.

La apuesta del Perú se basa en su extraordinario potencial renovable. La publicación «Hidrógeno verde: Creación de una visión de prosperidad compartida y sostenible» de la Asociación Peruana de Hidrógeno (H2 Perú) proyectó que el costo nivelado del hidrógeno en el país podría alcanzar «dentro de los mejores rangos internacionales», estimando una caída a entre $1.13 y $1.61 USD/kg para 2050. El éxito del nuevo reglamento dependerá de si los incentivos propuestos son suficientes para materializar esa proyección y convertir al Perú en un jugador competitivo.

Agua, territorio y comunidades

La promesa «verde» del hidrógeno oculta complejidades críticas que van más allá de la generación eléctrica. El informe «Navigating the Currents of Green Hydrogen», publicado en septiembre de 2025 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es enfático al advertir que una gestión inadecuada del H2V podría «profundizar las desigualdades energéticas» y, crucialmente para un país como el Perú, «exacerbar el estrés hídrico».

El PNUD señala que la dependencia de fuentes de agua dulce para la electrólisis «podría competir con la agricultura y el consumo humano» en regiones ya vulnerables. Si bien la desalinización se presenta como la alternativa lógica en zonas costeras, el mismo informe advierte que esta tecnología consume alta energía (afectando el costo final) y genera sus propios impactos, como «la descarga de salmuera».
El Proyecto de Reglamento de la Ley No. 31992 parece acusar recibo de esta preocupación. En su artículo 11, incorpora una autoridad clave, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), encargado de ejercer la rectoría sobre la «gestión integrada, sostenible y multisectorial de los recursos hídricos».

Más allá del agua, el mayor riesgo operativo en el Perú es social. El «Global Hydrogen Review 2024» de la Agencia Internacional de Energía (IEA) es explícito al advertir que «la falta de incorporación de las voces» de las comunidades locales e indígenas en las etapas iniciales «podría convertirse en una barrera». La IEA toma como advertencia regional los «proyectos de energía limpia [que] ya enfrentan oposición», mencionando casos de paralización en La Guajira, Colombia por conflictos con comunidades.

Este es un punto neurálgico para el Perú. El Proyecto de Reglamento intenta mitigar este riesgo, su artículo 4 instruye al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a desarrollar «programas de capacitación y sensibilización […] con especial énfasis en comunidades locales con impactos directos». Esto se alinea con la exigencia del PNUD de garantizar una «participación temprana, inclusiva y significativa» de las comunidades en la planificación.

La existencia de estos artículos es un avance, pero su implementación efectiva en el territorio será la verdadera prueba de fuego para evitar que la «energía del futuro» repita los conflictos sociales del pasado.

El dilema estratégico sobre el H2V, ¿Commodity o industria de valor?

El último y más profundo dilema que enfrenta el Perú es estratégico, ¿qué modelo de desarrollo elegirá? La «Guía de Hidrógeno Verde» del Gobierno de Chile, publicada en 2022, revela una visión pragmática, la motivación del país vecino es «política», para ser vistos «a la vanguardia», y «económica», para ser «competitivos con el hidrógeno verde más barato del mundo». El análisis chileno justifica su velocidad regulatoria en la convicción de que «ser de los primeros tiene un gran beneficio» en la captura de los mercados futuros.

Este enfoque, centrado en la exportación rápida de H2V como un commodity, contrasta con la visión presentada en el Policy Toolkit «Green hydrogen for Sustainable Industrial Development» de UNIDO e IRENA, publicado en 2024. Este informe destaca que la verdadera oportunidad para países con abundantes renovables, como el Perú, no es simplemente exportar H2V, sino «añadir valor localmente». Esto implica utilizar el hidrógeno para «producir y exportar productos industriales verdes de mayor valor», como el amoníaco verde (un tipo de fertilizantes) o el acero verde.

Para lograr esta industrialización, el informe de UNIDO promueve el «enfoque de clúster» (o Hubs), que busca «agrupar geográficamente» la producción de H2V con los grandes consumidores (como minas, refinerías o puertos) para «reducir costos de infraestructura» y «crear economías de escala», esto se traslada a nuestro país en el potencial que está siendo impulsado en zonas como Arequipa.

La legislación peruana parece inclinarse hacia este segundo modelo. La Ley No. 31992 es explícita en su artículo 3.2 sobre la necesidad de priorizar proyectos que generen «desarrollo de la industria nacional» y «generación de puestos de trabajo». Más importante aún, el artículo 4.2.d ordena la planificación territorial para el establecimiento de «polos productivos», un concepto idéntico al de Hubs. El nuevo reglamento, por tanto, no solo debe definir incentivos, sino consolidar esta visión industrial, asegurando que el H2V sea el motor de una nueva matriz productiva.

La tarea pendiente

El Perú ha puesto sus cartas sobre la mesa. Con la Ley No. 31992 ya promulgada y un Proyecto de Reglamento en consulta pública, el andamiaje legal para el hidrógeno verde comienza a consolidarse. No obstante, más allá del debate sobre si estas acciones llegan a tiempo, el éxito de esta ambiciosa apuesta nacional se definirá en la capacidad del Estado para navegar los tres grandes dilemas que tiene al frente.

Primero, deberá resolver la viabilidad económica mediante incentivos fiscales y financieros audaces que cierren la brecha de costos, permitiendo que las proyecciones de un H2V competitivo se materialicen. Segundo, tendrá que gestionar los riesgos socioambientales, asegurando que la gestión del agua y la participación comunitaria sean pilares del desarrollo de proyectos y no obstáculos tardíos.

Finalmente, y de manera decisiva, el Perú debe consolidar su estrategia país. La visión chilena de ser el exportador más rápido es una opción. Sin embargo, la oportunidad real, radica en usar el H2V para reindustrializar el país. La legislación peruana, con sus primeros pasos, se alinea correctamente con esta visión de «polos productivos».

El reglamento final y las políticas complementarias deben asegurar este camino. De lo contrario, corremos el riesgo de tener un marco legal avanzado para una industria que nunca despegó o, peor aún, una que repitió los vicios del pasado: exportar materias primas sin generar valor local sostenible.