La “licencia social para operar” ya no se gana con permisos legales, sino con procesos de participación que reconozcan las cosmovisiones de los territorios. (Fuente: Agencia Andina)

En los últimos diez años, la minería y los hidrocarburos han concentrado la mayor parte de la conflictividad socioambiental en el Perú. Más allá de estadísticas y tablas, las empresas privadas se juegan hoy su licencia social en la calidad de sus procesos de diálogo y participación. Según el Reporte de Conflictos Sociales 251 de la Defensoría del Pueblo (enero 2025), 214 conflictos estaban activos o latentes en el país, de los cuales el 66% correspondía a minería y el 22% a hidrocarburos. El informe de EITI Perú, por su parte, confirma que más del 80% de los conflictos documentados en su proceso tienen origen minero. Estas cifras no son meros números: hablan de comunidades movilizadas, proyectos paralizados y reputaciones corporativas en juego. A pesar de este escenario, hay situaciones que vale la pena resaltar como buenas prácticas.

En la mina de cobre Antapaccay (Glencore), tras semanas de bloqueo en marzo 2025, se estableció una mesa de diálogo real: cronograma de consulta previa, plan de reparaciones pactado y la comunidad levantó la protesta sin violencia. Ese acuerdo demostró que, cuando los compromisos son claros, monitoreados y codiseñados, el conflicto puede resolverse de manera pacífica. Los decretos DS 039‑2014‑EM y DS 002‑2019‑EM incluyen fases de participación ciudadana y exigen información en lenguas indígenas. Donde se aplican de verdad, ayudan a reducir la sensación de imposición. Algunas plataformas regionales de EITI (Apurímac, Arequipa, Loreto, Moquegua, Piura) ya integran estos mecanismos, fortaleciendo la transparencia.

Pero la confianza se rompe con facilidad. En proyectos como Tía María (Arequipa), el estudio de impacto ambiental de 2011–2014 se diseñó sin verdadera escucha. Cuando las comunidades perciben que su voz no incide en las decisiones, recurren a la movilización y al bloqueo. El derrame de petróleo en Talara (diciembre 2024) inundó 10 000 m² de costa, afectó la pesca y el turismo, y la respuesta de Petroperú fue criticada por su lentitud y falta de protección al personal.

Es indudable que la minería y los hidrocarburos pueden convertirse en motores de desarrollo sostenible siempre que las empresas transformen / mejoren sus procesos de relacionamiento comunitario. El paso de un enfoque extractivo a uno verdaderamente inclusivo sostenido en el reconocimiento es el único camino para reducir tensiones, evitar paros costosos y construir valor compartido. En un Perú pluricultural, ganar legitimidad social ya no es opcional: es condición para operar. Y en ese escenario, debe darse mayor énfasis a incorporar el enfoque de interculturalidad en el diseño de políticas de relacionamiento.

En contextos de alta diversidad cultural como el Perú, los conflictos generados por proyectos extractivos no son solo disputas por recursos: son choques de cosmovisiones. Incorporar un enfoque de interculturalidad significa reconocer que las comunidades indígenas y rurales participan con saberes, valores y formas de vida distintas, y que su validación es clave para la prevención y resolución de conflictos.

Un enfoque intercultural abre espacios para que esas cosmovisiones coexistan con los objetivos de producción, convirtiendo el diálogo en un verdadero intercambio de perspectivas. La interculturalidad no es solo traducción lingüística, sino adaptación de procesos: metodologías participativas, facilitadores culturales, ceremonias de apertura y cierre reconocidas por las comunidades. Estos elementos aumentan la confianza y la calidad de los acuerdos. Estudios del BID muestran que los espacios de diálogo diseñados con criterios interculturales reducen en un 35% la reactivación de protestas en zonas mineras peruanas.

¿Qué podemos hacer para reforzar este enfoque en el trabajo de las empresas? Algunas sugerencias prácticas:

• Invite a representantes indígenas a codiseñar el EIA y los protocolos de monitoreo.
• Valide ceremonias y rituales como parte de la “apertura” y “cierre” de consultas.
• Contrate mediadores bilingües y con formación antropológica.
• Use dinámicas participativas (círculos de palabra, minga) que respeten las normas comunitarias.
• Publique avances en formatos gráficos y orales en lengua local.
• Realice informes participativos donde la comunidad valide los resultados antes de su difusión.
• Documente las lecciones aprendidas en un “libro de memorias” conjunto—comunidad y empresa—para futuros proyectos.
• Comparta estas memorias con otras compañías del sector para elevar el estándar de prácticas interculturales.

La interculturalidad trasciende la dimensión técnica de las actividades extractivas: es un puente hacia la legitimidad social y la sostenibilidad. Para las empresas privadas, adoptar este enfoque no es un costo adicional, sino una inversión estratégica que disminuye riesgos, fortalece la “licencia social” y genera un valor compartido real. En un Perú pluricultural, el éxito de un proyecto extractivo dependerá cada vez más de la capacidad de integrar y respetar las voces de todos sus actores desde el valor de sus culturas y el aporte que estas puedan dar.