El engagement comunitario requiere un compromiso entre Estado, comunidad y empresa. (Fuente: Agencia Andina)

La minería en el Perú es un pilar económico fundamental, ya que representa aproximadamente el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) y llegando a representar el 60% de las exportaciones nacionales en febrero del 2024. No obstante, su expansión se ve opacada por la conflictividad social que gira en torno a ella, porque de acuerdo con la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo en su Reporte N° 250 de diciembre del año 2024, de los 196 conflictos activos, un 51.5% es socioambiental, es decir, 101 conflictos. Casos emblemáticos como Conga en Cajamarca y Las Bambas en Apurímac evidencian tensiones derivadas de disputas por el acceso al agua, los impactos ambientales y la percepción de una distribución de beneficios económicos que no llega exactamente donde tiene que llegar.

Los conflictos sociales generan pérdidas económicas significativas, por ejemplo, el Instituto Peruano de Economía (IPE) calculó que, entre el 2021 y el primer trimestre del 2023, el costo económico de la producción minera perdida por conflictos sociales llegó a los S/. 7.440 millones. Ante este panorama, surge la necesidad de enfoques innovadores para gestionar la conflictividad minera de manera efectiva.

El “Engagement comunitario” es una estrategia transformadora, un modelo que se sustenta en dos pilares fundamentales: la construcción y el mantenimiento de relaciones de confianza entre las empresas mineras y las comunidades; y el establecimiento de un compromiso mutuo que alinea los intereses y responsabilidades de las partes involucradas incluyendo al Estado.

Construcción y mantenimiento de la confianza

La confianza es un elemento esencial para mitigar la conflictividad, pero históricamente ha sido erosionada por la falta de transparencia en las operaciones mineras y la exclusión de las comunidades en la toma de decisiones (Arellano-Yanguas, 2011).

Para construir confianza, es necesario considerar los siguientes ejes:

• Información accesible: La información de los aspectos vinculados a los impactos ambientales y los beneficios económicos esperados, deben ser accesibles y suficientemente detallados
• Cumplimiento oportuno de acuerdos: Los acuerdos no solo deben cumplirse, sino también debe ser un cumplimiento oportuno.
• Diversidad de canales de atención: Son importantes los canales de comunicación entre la comunidad y la empresa, que permitan el flujo óptimo para incidentes, reclamos e inconvenientes
• Conocimiento de la idiosincrasia de la comunidad: No solo es escuchar, cumplir con promesas o acuerdos; tampoco es suficiente acceso a la información, es necesario un conocimiento profundo de la idiosincrasia de las comunidades, toda vez que genera empatía de parte de los representantes de la empresa en los procesos de relacionamiento.

Un ejemplo exitoso es el proyecto Quellaveco en Moquegua, donde Anglo American logró reducir tensiones mediante un diálogo inclusivo y la participación comunitaria desde las etapas iniciales (Rey-Coquais, 2020). Sin embargo, mantener esta confianza requiere mecanismos permanentes de comunicación y rendición de cuentas. En contraste, en Las Bambas, el incumplimiento de promesas relacionadas con el desarrollo local derivó en protestas y paralizaciones (OCM, 2023). Esto demuestra que la confianza no es estática, sino un proceso dinámico que debe ser sostenible en el tiempo.

Compromiso mutuo para el desarrollo conjunto

El segundo pilar del engagement comunitario es el compromiso mutuo, donde tanto las empresas como las comunidades vinculadas a las operaciones extractivas, asumen roles activos en la identificación y prioridad de puntos en común, atención a desacuerdos y buscar el desarrollo conjunto. Según García-Ortega. (2020), los conflictos persisten cuando las partes no se perciben como coautoras de las soluciones.

Para generar compromiso, es necesario considerar los siguientes ejes:

• Participación conjunta en planificación y prospectiva: Toda implementación de proyectos y actividades, deben de estar en el marco de un futuro deseado, realista y coherente con el presupuesto disponible (incluyendo el canon).
• Promover la integración del Estado: Como responsable del desarrollo de las comunidades, se debe promover desde las comunidades y las empresas la participación de los distintos niveles de gobierno que corresponda
• Tener responsabilidades Compartidas: Establecer responsabilidades desde la empresa, comunidad y el Estado, en alianza estratégica.
• Integración en cadenas de valor: Involucrar a las comunidades en actividades económicas que sean sostenibles, priorizando aquellas que puedan trascender a la vida operativa de la empresa.

Un caso ilustrativo es el proyecto Damián de Inca Minerales, donde la integración de las comunidades en las cadenas de valor fortaleció la cohesión social y generó beneficios económicos mutuos (Damonte, 2020). A diferencia del asistencialismo tradicional, este compromiso fomenta un contrato social basado en la corresponsabilidad, promoviendo beneficios tangibles para ambas partes y un entorno operativo estable.

Finalmente, el engagement comunitario, requiere de la participación activa del Estado (responsable del desarrollo de las comunidades), el compromiso de la comunidad (protagonista en su desarrollo) y la participación de la empresa (construyendo confianza).