La innovación social puede ayudar a resolver problemas de la comunidad a través de soluciones planteadas por los mismos ciudadanos. (Fuente: Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación)

En el Perú, el sector minero energético ha sido una de las principales fuentes de ingresos y desarrollo económico, pero también ha generado tensiones debido a su impacto social y ambiental. Las actividades minero-energéticas desarrolladas en costa, sierra y selva han sido foco de controversias debido a la extracción de recursos naturales en territorios habitados por comunidades indígenas, campesinas y distritos que han basado su desarrollo, casi por completo, en la ejecución de estas actividades. En este contexto, los fondos de desarrollo social en el sector minero-energético juegan un papel clave para demostrar los impactos y beneficios de estas actividades y promover una mayor equidad en las áreas afectadas.

Estos fondos suelen ser gestionados por las propias empresas del sector, a menudo como parte de sus compromisos sociales, establecidos en el marco de las normativas peruanas que exigen la inversión de un porcentaje de sus ganancias en proyectos sociales que beneficien a las comunidades cercanas a sus operaciones. De esta manera, están destinados a la construcción de infraestructura básica como escuelas, hospitales, caminos, y proyectos de desarrollo económico y social que buscan mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales.

Sin embargo, su uso no está exento de desafíos. En varias ocasiones, las comunidades han denunciado que los proyectos financiados por las empresas no responden adecuadamente a sus necesidades reales, y que la participación de la población local en la toma de decisiones es limitada. Además, las tensiones sociales y las protestas han sido frecuentes en los departamentos donde se desarrollan estas actividades debido a la falta de un diálogo efectivo entre las empresas, el Estado y las comunidades afectadas. A pesar de las inversiones, el desarrollo en algunas zonas sigue siendo insuficiente, y las expectativas de los pobladores no siempre se cumplen.

Con relación al sector hidrocarburos, entre los años 2023 y 2024 se han suscrito 6 nuevos contratos de explotación de hidrocarburos en el norte del país, tres de estos con una duración de 30 años (Lotes V, VII y X) y tres de naturaleza temporal (Lotes I, VI y Z-69) con una duración de 24 meses. Con la firma de estos nuevos contratos se incluyó la cláusula 24, referida al Fondo de Desarrollo Social (en adelante FDS), que saldrá de un aporte mensual del 1.5% de la valorización de los hidrocarburos fiscalizados. Este aporte, en un primer momento, será guardado en una cuenta bancaria para luego ser depositado en un fideicomiso privado. El fondo está destinado “única y exclusivamente a la ejecución de proyectos de desarrollo social en beneficio de la población ubicada en los distritos que abarca el área del contrato”, entiéndase “área del contrato” como el área de cada lote petrolero.

Para el funcionamiento de estos FDS se establecerán Juntas de Administración (en adelante JA) conformadas por representantes de la población ubicada en los distritos que abarcan cada lote de hidrocarburos, teniendo cada una de estas que aprobar un reglamento para poder gestionar el fideicomiso privado. A la fecha se cuenta con seis JA instaladas, de las cuales cinco ya cuentan con un reglamento aprobado, quedando al pendiente la aprobación del reglamento del FDS del Lote X. Las mencionadas juntas se encuentran conformadas por representantes debidamente acreditados (un titular y un alterno), quienes representan tres grandes grupos sociales de los distritos participantes (Municipalidad, Juntas Vecinales y Gremios de pescadores), además también se cuenta con la participación de representantes de PERUPETRO S.A.

La labor de estos FDS es el financiamiento de proyectos que generen un impacto positivo en la sociedad sin reemplazar las obligaciones y funciones del Estado, ni las labores de Responsabilidad Social Empresarial que podrían desarrollar las empresas operadoras de los lotes. En los cinco FDS que cuentan con reglamento aprobado se vienen presentando ideas y propuestas de proyectos que buscan responder a problemáticas identificadas por cada distrito participante. A su vez, se viene gestionando reuniones con entes técnicos del Estado para guiar y sustentar la formulación final de estos proyectos. Tomando en cuenta que se cuenta con fondos limitados y que el fin de estos es el de generar impacto social significativo, se ve necesario el empezar a ver las problemáticas presentadas desde otra óptica.

Una forma de abordar estos problemas es a través de la inclusión de la innovación social en los FDS de estos lotes petroleros. La innovación social busca encontrar soluciones creativas y sostenibles a los problemas sociales mediante nuevos enfoques en la organización y ejecución de proyectos. En el contexto minero-energético, y hablando en específico del sector de hidrocarburos, esto podría implicar el diseño de modelos de desarrollo que vayan más allá de las tradicionales obras de infraestructura, incorporando procesos que fortalezcan el tejido social, promuevan la participación de las comunidades y sean ambientalmente responsables.

Una estrategia de innovación social en este sector es la implementación de modelos de desarrollo inclusivos que promuevan la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones sobre los proyectos que les afectan directamente, idea base tomada en cuenta para la gestión de estos FDS. Esto incluye la creación de espacios de diálogo permanentes entre los representantes acreditados con sus autoridades locales y sus bases, ayudando a identificar las necesidades reales de la población y desarrollar soluciones adaptadas a sus realidades.

Además, la innovación social podría incluir la creación de programas de capacitación y empoderamiento que permitan a los ciudadanos de los distritos involucrarse de manera directa en la gestión de proyectos, así como en la formación de nuevos emprendimientos económicos. Por ejemplo, proyectos de capacitación en habilidades técnicas, gestión empresarial y energías renovables podrían ofrecer a las comunidades herramientas para beneficiarse directamente de los recursos generados por las actividades mineras y energéticas.

Asimismo, se podrían promover modelos de negocio sostenible en las zonas afectadas, incentivando el uso de tecnologías verdes y prácticas de desarrollo económico que respeten el ambiente y contribuyan a la diversificación de las economías locales. Los hidrocarburos, como actividad extractiva, también pueden generar oportunidades para el desarrollo de industrias complementarias como el turismo sostenible, la agricultura orgánica o el reciclaje de materiales.

En conclusión, los fondos de desarrollo social en el sector minero-energético, especialmente del sector hidrocarburos en el norte del país, tienen un enorme potencial para mejorar las condiciones de vida de las comunidades cercanas a las actividades extractivas. Sin embargo, para que estos fondos sean verdaderamente efectivos, es crucial incorporar la innovación social como una estrategia para diseñar proyectos más inclusivos, sostenibles y adaptados a las necesidades reales de las poblaciones. Esto no solo contribuiría a reducir los conflictos sociales, sino que también promoverá un desarrollo más armonioso entre las comunidades, las empresas y el Estado.

La oportunidad se ha generado, queda en los actores participantes la implementación adecuada y sostenible de proyectos beneficiosos para su población. El norte del país tiene una nueva posibilidad de desarrollo. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.