El fracaso en la formalización de la pequeña minería y minería artesanal ha generado un crecimiento descontrolado y una mayor conflictividad social. (Foto: Agencia Andina)
La pequeña minería PM (2000 has. 350 TM/día) y la minería artesanal MA (1000 has. 25 TM/día), son estratos mineros heterogéneos que atraviesan cinco procesos: Crecimiento exponencial (40% de la producción nacional oro/año) y expansión territorial acelerada; Formalización trucada; Informalidad e ilegalidad; Creciente infiltración de organizaciones criminales transnacionales operando con ilegales; y Nuevo tipo de conflictividad social vinculada a la ilegalidad, de naturaleza criminal y letal.
El debate público se centra en estos temas en contextos polarizados, marcados por el desconocimiento de la complejidad del sector y del riesgo de infiltración de la criminalidad organizada como fenómeno transnacional que aprovecha las fronteras porosas y los puertos del país.
Ante ello, impera un discurso punitivo contra la PM y MA, y se evidencia cada vez más la incapacidad del Estado para promover y formalizar, por un lado, y de responder acertadamente a la amenaza a la seguridad nacional que representan las organizaciones criminales que controlan territorios y sujetan bajo el miedo, la extorsión y el sicariato a poblaciones locales indefensas.
En este contexto, el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS), ha elaborado, con el apoyo de la Organización Internacional Solidaridad, el documento “Diez Propuestas para una pequeña minería y una minería artesanal responsables, formalizada, comprometida con el desarrollo en las regiones y libre del crimen organizado”1. Estas zanjan las visiones punitivas, identifican las trabas del proceso de formalización, proponen iniciativas para el fortalecimiento y seguridad jurídica de la PM y MA formalizada, definen y diferencian la minería ilegal como aquella vinculada directamente a la criminalidad organizada, y aportan propuestas para recuperar el control territorial y el orden interno en el país.
Un punto de acuerdo clave es el de contar con un sistema de trazabilidad y comercialización aurífera (REPCO), con la finalidad de identificar el oro extraído de manera ilegal, el financiamiento encubierto y el suministro ilegal de insumos. Este sería un paso trascendental para una PM y MA libre del delito.
Un tema que genera posiciones encontradas es el del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). El 31 de diciembre 2024 debe culminar la prórroga aprobada por el Congreso. ¿Qué se hace con los 80 mil PM y MA que declararon su voluntad de formalizarse inscribiéndose en el REINFO y que a la fecha no lo han logrado? El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) reconoce que, de estos, unos 60 mil están en condición de suspendidos y sólo 20 mil siguen en condición de vigentes.
Sobre ello, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (CONFEMIN) plantea la ampliación del REINFO hasta el 2027. Otros proponen no prorrogarlo. ¿Serán declarados ilegales a partir del 1 de enero 2025 los 80 mil mineros inscritos en el REINFO que no lograron formalizarse?
El PL del MINEM propone un sistema temporal para el ordenamiento de la PM y MA. Desde el GDMDS coincidimos con el cierre del REINFO, pero de la mano con una fase de transición que revise los requisitos y su adecuación a la diversidad del sector, al mismo tiempo que se instaure una vía ordinaria para las personas naturales o jurídicas que quieran invertir en la PM y MA.
El problema del REINFO está en que la firma de un contrato de explotación o cesión con el titular de la concesión es un requisito para la formalización del PM y MA. El caso es que el 92% de los mineros en proceso de formalización no son titulares de concesiones. Los primeros argumentan que no están obligados a firmar dichos contratos porque las concesiones son un derecho adquirido y los mineros sostienen que no hay más recursos que puedan ser concesionados porque existe una concentración de estas en manos de la gran y mediana minería. Cuestión que la data del INGEMMET no pareciera confirmar.
La CONFEMIN confía en la bancada congresal, incluido el presidente, que los apoya y apuesta a que el REINFO se prorrogue al 2027, incluso si no se lograra acuerdos entre el titular de la concesión y el minero, esta revierta al Estado para otorgársela al PM y MA, tal como propone el PL del congresista P. Gutiérrez.
Una continuidad del REINFO llevaría a que la situación siga como está, con mineros ilegales y organizaciones criminales expandiéndose y convirtiendo a los propios PM y MA en las primeras víctimas de la extorsión, usurpación y del sicariato.
¿Qué hace el Estado, la empresa privada y la sociedad civil para fortalecer e incentivar a los PM y MA en proceso de formalización, en vez de considerarlos ilegales y tildarlos de terroristas? ¿No sería más justo y eficaz trabajar con ese sector para aislar a la minería ilegal y la criminalidad?
El GDMDS se propone avanzar en la constitución de una mesa multiactor de acuerdos que supere la polarización y plantee una agenda integral de mediano y largo plazo.
La minería ilegal y criminalidad
¿Por qué los atentados contra la empresa minera Poderosa en Pataz (Trujillo) continúan a pesar de haberse decretado el Estado de Emergencia? ¿No es esta una situación parecida a lo que viene ocurriendo en Lima con la extorsión y asesinatos a transportistas, construcción civil y comerciantes? Nadie confía en esta medida y el intento de tipificar el delito de “terrorismo urbano” tampoco servirá de nada.
No se está entendiendo que el Perú sufre una amenaza de nuevo tipo por la irrupción de organizaciones criminales transnacionales que vienen controlando territorios y poblaciones por fuera de la vista del Estado.
Se requiere cambiar el centro de gravedad de la estrategia nacional. Empezar por comprender qué son las economías criminales2 y la situación de los commodities ilegales producidos en el Perú: oro ($ 2643,6 onza), cocaína (95,008 hectáreas en 2022), madera (extensión de bosques año 2019: 82 543 385 has.), que proyectan al Perú como un centro de operaciones del crimen organizado transnacional.
La mayor preocupación está en la articulación criminal. El narcotráfico confluye con la minería ilegal o el tráfico de madera porque estamos ante organizaciones que someten a sectores de la población, extienden la corrupción, infiltran al Estado y controlan territorios. No se puede investigar ni combatir a unas desligadas de otras.
El Estado peruano y la Policía Nacional del Perú no se han adecuado a esta nueva realidad y recurren a Estados de Emergencia ineficaces antes de desplegar estrategias y operaciones que permitan recuperar el control territorial y el orden interno.
A ese riesgo país nos enfrentamos. Si no se tiene un enfoque integral frente a la amenaza que representan para el Perú las economías y organizaciones criminales transnacionales, si el Estado no se decide a actuar en diferentes frentes de manera articulada, simultánea y sostenida, con los operadores de justicia y la gestión del desarrollo territorial, y si no nos hacemos de un liderazgo político que convoque a la movilización nacional, tendremos más corrupción, un territorio fragmentado y un Estado fallido.
- “Diez Propuestas para una pequeña minería y una minería artesanal responsables” Publicación con el apoyo del GDMDS, Solidaridad, V&C Analistas y Red Social. Agosto 2024. ↩︎
- Ricardo Valdés, Carlos Basombrío, Dante Vera. “Las Economías Criminales y su impacto en el Perú”. CHS Alternativo, USAID, KAS. Segunda Edición, diciembre 2022. ↩︎
