La gestión social en contextos de actividad extractiva (particularmente en la minería peruana) se desarrolla en escenarios de alta complejidad social, cultural y política. En estos espacios confluyen intereses económicos, expectativas comunitarias, derechos colectivos, saberes tradicionales y conocimientos técnicos especializados. En medio de esta interacción, el discurso social adquiere un rol central como vehículo de legitimación o rechazo de los proyectos extractivos. Sin embargo, no todo discurso colectivo se sustenta en evidencia objetiva ni en razonamientos lógicamente válidos. Uno de los fenómenos más recurrentes en estos procesos es el uso (consciente o inconsciente) de la falacia ad populum, que consiste en asumir que una afirmación es verdadera únicamente porque es sostenida o compartida por un grupo amplio de personas.

En la gestión social, esta falacia adquiere una resignificación particular, pues se entrelaza con la noción de participación ciudadana, el respeto a la voz de las comunidades y la reivindicación histórica de pueblos altoandinos e indígenas. El problema no radica en escuchar al pueblo (principio esencial de la gestión social), sino en convertir el consenso social percibido en una verdad incuestionable, incluso cuando contradice evidencia técnica o científica debidamente sustentada. Esta confusión ha contribuido, en múltiples casos, a intensificar la conflictividad socioambiental en el país.

La falacia ad populum: definición y resignificación social

Desde la lógica clásica, la falacia ad populum se define como un error de razonamiento que consiste en validar una afirmación por el simple hecho de que es aceptada por la mayoría. En términos simples, algo “es verdad porque todos lo dicen”, no porque existan pruebas objetivas que lo sustenten. Este tipo de razonamiento resulta persuasivo en contextos donde la identidad colectiva, la presión social o el miedo a la exclusión influyen fuertemente en la toma de decisiones individuales.

En el ámbito de la gestión social, esta falacia se resignifica al mezclarse con valores legítimos como la autodeterminación, la participación comunitaria y el reconocimiento de saberes locales. En comunidades altoandinas e indígenas, donde la toma de decisiones suele ser colectiva y el consenso tiene un valor cultural profundo, la opinión mayoritaria adquiere un peso simbólico que trasciende el debate racional. De este modo, una percepción compartida (por ejemplo, que una operación minera “está contaminando el agua”) puede consolidarse como verdad social aun cuando los monitoreos ambientales oficiales y participativos no evidencien tal impacto.

Esta resignificación la convierte en una herramienta poderosa de movilización social, pero también en un riesgo para la gestión social basada en información técnica, diálogo informado y construcción de confianza.

Las comunidades altoandinas e indígenas del Perú mantienen una relación histórica, simbólica y espiritual con su territorio. La tierra, el agua y los cerros no son únicamente recursos, sino elementos vivos que forman parte de su cosmovisión. En este contexto, la llegada de la actividad minera suele interpretarse como una amenaza potencial, incluso antes de que se materialicen impactos reales.

La falacia ad populum aparece cuando percepciones colectivas, temores históricos, experiencias pasadas negativas o información falsa difundida a propósito por terceros se convierten en argumentos absolutos frente a explicaciones técnicas. Frases como “si todos sentimos que el agua ya no es la misma, entonces está contaminada” o “si el pueblo está en contra, el proyecto es dañino” reflejan este tipo de razonamiento. El consenso social sustituye al análisis de datos y la emoción colectiva reemplaza a la evidencia verificable.

Es importante señalar que estas percepciones no surgen en el vacío. En muchos casos, responden a una larga historia de exclusión, incumplimientos, pasivos ambientales reales y una relación asimétrica entre el Estado, las empresas y las comunidades. No obstante, cuando la mencionada falacia domina el discurso, se dificulta distinguir entre impactos reales, riesgos potenciales y percepciones no corroboradas.

En el Perú, numerosos conflictos socioambientales vinculados a la minería evidencian la presencia de esta falacia. Un patrón recurrente es la acusación de contaminación ambiental, especialmente del agua, sin que existan estudios técnicos concluyentes que respalden dicha afirmación. En varios casos, los resultados de monitoreos participativos, análisis de laboratorio acreditados o evaluaciones de organismos fiscalizadores no logran revertir la creencia colectiva ya instalada.

Esta situación se observa, por ejemplo, cuando comunidades atribuyen la mortandad de ganado, la disminución de cosechas o enfermedades humanas directamente a la actividad minera, sin considerar otros factores como variabilidad climática, prácticas agropecuarias, presencia natural de metales en el suelo o contaminación preexistente. La afirmación se vuelve “verdad” porque es compartida por la mayoría, y cualquier intento de explicación técnica es percibido como una imposición externa o una estrategia de manipulación.

La consecuencia directa es el incremento de la conflictividad social. El diálogo se vuelve improductivo, pues no existe un terreno común de validación de la información. La gestión social se ve atrapada entre la obligación de respetar la voz de la comunidad y la necesidad de sustentar decisiones en evidencia técnica, generándose frustración, desconfianza y radicalización de posturas.

Impactos en la gestión social

El uso y abuso de esta falacia tiene múltiples efectos negativos en la gestión social. En primer lugar, debilita los procesos de diálogo, ya que convierte la discusión en una confrontación entre “el pueblo” y “los técnicos”, en lugar de un intercambio de información y perspectivas. En segundo lugar, limita la capacidad de prevención de conflictos, pues cualquier medida basada en estudios técnicos es rechazada si contradice la percepción mayoritaria.

Además, la falacia ad populum puede ser instrumentalizada por actores políticos, dirigentes o grupos de interés que encuentran en el discurso colectivo una herramienta de legitimación, aun cuando carezcan de sustento técnico. Esto no solo afecta a las empresas, sino también a las propias comunidades que pueden tomar decisiones basadas en información incompleta o errónea, comprometiendo oportunidades de desarrollo a largo plazo.

Propuestas para mejorar la gestión social frente a esta falacia

Superar la influencia de la falacia ad populum no implica deslegitimar la voz de las comunidades, sino fortalecer su capacidad de análisis crítico y acceso a información confiable. En este sentido, la gestión social debe incorporar estrategias específicas.

Primero, es fundamental fortalecer los procesos de alfabetización técnica y ambiental, traduciendo la información compleja a lenguajes accesibles y culturalmente pertinentes. Cuando las comunidades comprenden cómo se miden los impactos, qué significan los parámetros ambientales y cuáles son los límites de riesgo, el debate se vuelve más informado.

Segundo, los mecanismos de monitoreo ambiental participativo deben ser consolidados como espacios de construcción conjunta de evidencia. Cuando los propios actores comunitarios participan en la generación de datos, se reduce la percepción de imposición externa y se debilita la falacia ad populum basada únicamente en percepciones.

Tercero, el gestor social debe asumir un rol pedagógico y ético, actuando como puente entre el conocimiento técnico y el saber local. Su función no es imponer verdades, sino facilitar procesos de reflexión colectiva que permitan diferenciar entre hechos comprobables, riesgos potenciales y creencias compartidas.

Finalmente, es clave promover una cultura de diálogo basada en la evidencia, donde la participación ciudadana no se limite a la expresión de opiniones, sino que incluya la evaluación crítica de información. Esto contribuye a una toma de decisiones más equilibrada y sostenible.

La falacia ad populum representa uno de los desafíos más complejos para la gestión social en contextos de actividad extractiva en el Perú. Su fuerza no radica en la lógica, sino en el poder simbólico de la voz colectiva, especialmente en comunidades históricamente excluidas. Reconocer su existencia no significa deslegitimar dicha voz, sino evitar que el consenso social sustituya al análisis riguroso de la realidad.

Una gestión social moderna y responsable debe ser capaz de equilibrar el respeto por la participación comunitaria con la necesidad de decisiones basadas en evidencia técnica. Solo así será posible reducir la conflictividad, fortalecer la confianza y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible donde la voz del pueblo sea escuchada, pero no convertida automáticamente en verdad absoluta. Cuando el pueblo está libre de tiranía, se erige en tirano la opinión pública.