Los conflictos sociales deben ser tratados por las autoridades correspondientes. (Foto: Agencia Andina)
En los últimos diez años, la necesidad de gestionar los conflictos sociales ha llevado a la necesidad de crear oficinas especializadas en la mayoría de los ministerios estatales y, una secretaría especializada en la Presidencia del Consejo de Ministros bajo la conducción del viceministerio de Gobernanza Territorial, que buscan de alguna manera prevenir, gestionar y hacer seguimiento a los conflictos sociales.
Sin embargo, la creación de estas oficinas en sus los respectivos ministerios ha sido interpretada antojadizamente por algunos actores sociales o políticos, como entes de obligada función para atender cualquier demanda, no importando la dimensión o nivel del conflicto, desconociendo las funciones o responsabilidades de las autoridades estatales locales o entidades territoriales.
Un ejemplo claro son las recurrentes medidas de fuerzas que asumen algunos padres de familias de instituciones educativas, quienes disconformes con los directivos o profesores, toman las instalaciones de un colegio e inmediatamente demandan la presencia del ministro de educación; estos reclamos que podrían ser justos, deberían ser resueltos a través de los niveles correspondientes, es decir primero la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), que de ser superada debería involucrase luego la Dirección Regional de Educación (DRE) y recién posteriormente alguna dirección de línea del Ministerio de Educación con su concerniente unidad de conflictos.
Por ello, debería normarse una línea jerárquica de atención a los conflictos sociales como una política pública desarrollada en los diferentes sectores, lo que permitiría una atención más focalizada, inmediata y resolutiva del problema; que a su vez descongestionaría los casos en las diferentes oficinas ministeriales que hoy se ven superadas.
En este juego perverso de centralizar los conflictos sociales hacia las oficinas ministeriales, los congresistas de la república tienen un rol fundamental, puestos que muchos de ellos, actuando demagógicamente, escalan temas localistas o territoriales, generando falsas expectativas sobre casos que bien pudieron ser resueltos por autoridades locales.
En el espectro de las instituciones responsable del tratamiento de la conflictividad social en el país, encontramos a la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, entidad que debería ser involucrada o involucrase cuando un conflicto es de origen multicausal y de solución multisectorial, que ponen en riesgo la gobernabilidad del país; de no ser así cada caso deberá resolverse sectorialmente o a través de las instituciones estatales de territorio, entre ellas los gobiernos subnacionales.
Como se ha visto, este artículo no está dirigido a especialistas en conflictos sociales, sino es una explicación sencilla dirigida a cualquier ciudadano que forme parte de algún colectivo social que tiene la necesidad de elevar sus demandas para ser resueltas por una autoridad estatal, los mismos que deberán hacerse la pregunta ¿a quién y dónde presento mi reclamo?
