La prevención de controversias y conflictos sociales en proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) es un proceso integral y anticipado que busca minimizar los riesgos sociales y maximizar los beneficios para la población impactada. Este enfoque se basa en la identificación temprana de potenciales problemas, una gestión proactiva de los impactos, y la participación efectiva de los grupos de interés —especialmente de la ciudadanía— en las distintas fases del proyecto.

Este proceso se inicia con la realización de diagnósticos socioambientales, económicos y culturales que permiten comprender el contexto local, así como identificar los riesgos sociales potenciales y los impactos que la intervención del proyecto podría generar en la población. A partir de estos diagnósticos se elaboran planes, programaciones, estrategias y medidas comunicacionales orientadas a abordar los riesgos y fomentar una relación positiva con los actores sociales clave.

Es necesario reconocer que los proyectos de inversión generan efectos positivos y negativos. Por ello, desde la fase de formulación deben integrarse estándares nacionales e internacionales en materia de calidad, seguridad, sostenibilidad ambiental, normas laborales y derechos humanos. La aplicación efectiva de estos estándares durante la ejecución del proyecto es fundamental para prevenir riesgos sociales que puedan comprometer su viabilidad a largo plazo.

El reconocimiento oportuno de los riesgos sociales, tanto reales como potenciales, es fundamental para su mitigación efectiva. Una gestión proactiva de dichos riesgos genera beneficios duraderos para la población y contribuye al fortalecimiento de la legitimidad y la sostenibilidad del proyecto.

Riesgos sociales frecuentes en los proyectos

La falta de prevención o gestión oportuna a un conjunto de problemas podría ocasionar riesgos sociales en los proyectos como:

• Percepciones negativas de los grupos de interés:
  • Cuestionamiento o rechazo del proyecto por la población local.
  • Oposición parcial o total por afectación de áreas específicas.
  • Presencia de grupos con intereses contrapuestos al proyecto.
  • Falta de información clara sobre los impactos y las medidas de mitigación.
• Demandas ante los proyectos:
  • Reclamos por el inicio o la paralización de la construcción.
  • Insatisfacción que puede escalar a controversias o escalan en conflictos sociales.
  • Falta de reconocimiento o pago de compensaciones por afectaciones o servidumbres.
  • Influencia de conflictos preexistentes en la ejecución del proyecto.
• Afectación o potencial afectación del proyecto:
  • Impacto negativo identificado en el diseño o estructuración del proyecto.
  • Propuestas de mitigación que no satisfacen a los afectados.
  • Falta de claridad en los mensajes a la población sobre la propuesta de mitigación a las afectaciones.

Para que estos riesgos sociales no se manifiesten como demandas recurriendo a acciones colectivas de protestas o escalen a situaciones de conflictos, es necesario siempre gestionarlos oportunamente.

La importancia de los estándares

Una de las medidas preventivas de las controversias y conflictos es la inclusión e implementación de los estándares socioambientales en los proyectos. El establecimiento de parámetros y requisitos mínimos en la estructuración de los proyectos es esencial para asegurar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad. Esto implica la consideración de:

Estándares nacionales: normas legales, regulaciones, normas técnicas y directrices, incluyendo códigos de construcción, normativas ambientales, laborales y de derechos humanos.

Al respecto, existen numerosas normas legales nacionales referidas a los asuntos ambientales. En esta oportunidad resalto el Decreto Legislativo N° 1543 que, entre otros, incorpora el Principio de Sostenibilidad para la evaluación de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y cuyo contenido destaca que se debe garantizar la sostenibilidad en las dimensiones: (i) económica y financiera, (ii) social, (iii) institucional y (iv) ambiental, que considere la resiliencia climática.

Estándares internacionales: Normas y buenas prácticas promocionadas por multilaterales u organizaciones como la ONU, la OIT e ISO.

Entre otros estándares internacionales y documentos orientadores sobre la sostenibilidad socioambiental, destaco:

• El Marco Ambiental y Social (Banco Mundial, 2018): establece Normas de Desempeño que los prestatarios deben cumplir durante el ciclo de vida del proyecto.
• Atributos y Marco para Infraestructura Sostenible (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019) promociona atributos para la infraestructura sostenible.
• Principios rectores Asociaciones Público-Privadas “Primero las personas” en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Consejo Económico y Social – UNECE, 2019): promueve los Principios Rectores que deben guiar el desarrollo y la implementación de APPs con un enfoque en las personas y los con Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Guía Introductoria para la Gestión de Riesgos e Impactos Socioambientales en Proyectos de Infraestructura Pública con Participación Privada (APP) (INERCO, 2023): propone un conjunto de indicadores para la gestión de riesgos e impactos.
• Manual de Orientación del Marco de Referencia para una Infraestructura Sostenible (Envision, 2018): promociona atributos organizados en cinco categorías a modo de sistema de calificación para la evaluación de la sostenibilidad de la infraestructura.

Si bien los estándares son un punto de partida importante, deben ser analizados críticamente, adaptados a la realidad local y a los posibles impactos sociales. Su cumplimiento efectivo es indispensable para la implementación de proyectos verdaderamente sostenibles.

El consenso con los stakeholders y el rol protagónico de la ciudadanía

Otra práctica preventiva comprobada a partir de la experiencia es el establecimiento de relaciones y consensos sobre el proyecto con los gobiernos locales y regionales, la academia, colegios profesionales, organizaciones sociales legitimadas, representantes de la sociedad civil, líderes sociales, medios de comunicación locales y, por supuesto, mediante una comunicación dirigida a la opinión pública.

El consenso se construye brindando información clara, difundiendo los beneficios del proyecto y las medidas de mitigación a la población impactada, así como el valor público que representa para todos los stakeholders. Se trata de reducir la información distorsionada y las posibilidades de que se generen mensajes desfavorables. Asimismo, el seguimiento al contexto social y político del área de influencia permite anticipar eventuales adversidades.

Tradicionalmente, la ciudadanía suele ser informada tardíamente sobre los proyectos, lo que puede generar cuestionamientos, rechazo u oposición. Sin embargo, cuando la ciudadanía no solo está informada, sino que participa activamente en cada fase del proyecto, se fomenta la colaboración, el empoderamiento y la apropiación al proyecto, generando beneficios mutuos.

El compromiso ciudadano se fortalece asegurando el respeto de sus derechos, promoviendo la capacitación local para su inclusión laboral y estableciendo mecanismos de diálogo continuo para atender sus inquietudes.

Por su parte, el Estado debe asumir una actitud de escucha, empatía, diálogo y tolerancia frente a las opiniones sobre el proyecto, mostrando disposición para construir consensos. Considerar a la ciudadanía como vigilante del proyecto contribuye a la identificación de riesgos sociales que podrían pasar desapercibidos para los especialistas, lo que al mismo tiempo genera confianza en la institucionalidad estatal.

Por tanto, una visión de sostenibilidad social exige trascender los procedimientos habituales, buscando que «nadie se quede atrás» y fortaleciendo el tejido social.

Gestión de los impactos sociales

Es fundamental identificar, analizar y evaluar las posibles consecuencias negativas que un proyecto puede tener en la vida y la convivencia de las personas. Un ejemplo claro es el desplazamiento de poblaciones en proyectos de infraestructura, lo cual implica no solo la pérdida de la vivienda, sino también la ruptura del entorno social, la dificultad para acceder a empleo, el impacto psicológico y la pérdida de identidad cultural.

En estos casos, el arte de la gestión social consiste en anticipar estos problemas mediante el uso de herramientas de análisis de impacto social, la generación de espacios de diálogo, la implementación de medidas preventivas, la comunicación estratégica y la aplicación de estrategias de mitigación efectivas. Todo ello con el fin de gestionar de forma anticipada eventuales controversias o conflictos sociales.

Hacia una sostenibilidad social integral

No obstante, el enfoque preventivo en los proyectos de inversión para la sostenibilidad social va más allá de evitar impactos negativos. Su objetivo es generar condiciones sociales equitativas, justas e inclusivas que permitan la construcción de futuros positivos en las áreas de intervención. La sostenibilidad social no debe entenderse como un componente adicional, sino como un principio rector que oriente todas las decisiones, desde la concepción hasta la implementación y el seguimiento del proyecto.

En conclusión, una planificación adecuada, la participación activa de los stakeholders y de una ciudadanía informada y comprometida, junto con el trabajo colaborativo con especialistas en la identificación y alerta temprana de riesgos sociales, así como el reconocimiento y la gestión proactiva de los impactos entrelazados con la sostenibilidad social como eje fundamental, garantizan que las personas sean la prioridad y que se construya un futuro más justo y equitativo para todos.